La energía eólica seguirá creando empleos

La crisis, las restricciones financieras y el nuevo marco regulatorio ha afectado muy negativamente al empleo en el sector de las energías renovables en España. El sector más afectado es, por supuesto, el fotovoltaico, y el menos afectado el eólico.

Según el “Estudio Macroeconómico del impacto del Sector Eólico en España” encargado por la Asociación Empresarial Eólica (AEE), hay 706 empresas dedicadas en mayor o menor grado al sector eólico y el sector empleaba directamente en 2007 a 20.781 personas.

El empleo ha crecido de media un 4,81% anual durante el periodo 2003-2007, con un mayor número de puestos de trabajo creados en los subsectores de fabricación de componentes y servicios (en 2007 el 32% y 30% respectivamente). Por otra parte, la cifra estimada de empleos derivados del arrastre del sector eólico en 2007 era de 16.949.

Esta cifra es ligeramente inferior a las estimaciones realizadas por la Asociación Empresarial Eólica que, en base a las aportaciones de las distintas empresas, para esa fecha era de cerca de 25.000 empleos.

Considerando el efecto directo y el indirecto, el número total de personas empleadas por las empresas eólicas a partir de la actividad del sector ascendió en 2007 a 37.730. A pesar de la crisis, la industria eólica será relevante en los próximos años en términos de generación de puestos de trabajo, ya que la AEE prevé que se empleen directamente a más de 30.000 personas en 2012.

No obstante, hay numerosas empresas eólicas con ERE o en situación precaria, sobre todo en León (Ponferrada), Galicia (Ferrol y Lugo), Soria y Navarra.

En 2020 se llegará a 40.000 MW en tierra y 5.000 MW de eólica marina. El potencial futuro de generación de empleo del sector eólico en España es elevado y goza de gran estabilidad, según los expertos que han participado en la jornada WindPowerExpo dedicada al empleo en el sector eólico.

Guillermo Arregui, del Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) de CCOO, aseguró que en España hay trabajando en el sector directamente 32.000 personas y destacó que las previsiones para el 2020 es que ese número se incremente hasta las 50.000.

Respecto a las modalidades de contratación en el sector, Arregui recordó que, según un estudio del ISTAS, son en general más estables que en otros sectores y el 32% de los trabajadores actuales son titulados superiores.

Por su parte, Jean Philippe Nadier, de la consultora de recursos humanos GINKO, precisó que en el conjunto de la Unión Europea hay 155.000 personas empleadas en el sector eólico, tanto directa como indirectamente. Al respecto, dijo que el 75% de esas personas están concentradas en los tres países pioneros del sector: España, Alemania y Dinamarca.

De acuerdo con sus cálculos, la energía eólica genera 15 puestos de trabajo anuales por cada MW instalado. Además, apuntó que para 2030 habrá 375.000 personas trabajando en este sector en Europa.

En 2009 la industria fotovoltaica ha perdido 27.800 empleos. Mientras que en 2008 31.300 personas trabajaron de media en la fotovoltaica, según los ASIF, y alcanzaron los 41.700 empleos en el momento pico de trabajo, en 2009 sólo se conservan 13.900 empleos, según el Informe Anual 2009 de la Asociación de la Industria Fotovoltaica (Asif). Desde septiembre de 2008 se han perdido para el sector 27.800 empleos.

El año pasado, el sector trabajaba a toda máquina para que los parques solares entraran en el marco regulatorio del Real Decreto 661/2007. A finales de septiembre, esta norma quedaba sin efecto y las previsiones marcaban que la nueva regulación no iba a ser tan favorable en cuanto a la retribución por la venta de electricidad.

El resultado fue que en 2008 se instalaron 2.600 MW, casi cuatro veces más que la potencia instalada el año anterior. Un crecimiento insostenible incluso para la patronal Asif y que superaba con mucho los objetivos del PER, fijados en 400 MW para 2010.

La nueva norma, aprobada el 26 de septiembre de 2008, buscaba dar estabilidad al sector. Con la nueva norma, nació el cupo anual de 500 MW para las instalaciones de suelo y techo y la obligación de inscribir las plantas en un registro de preasignación de potencia como condición indispensable para lograr las ayudas públicas. Lo cierto es que ni siquiera se cubre este cupo, y las nuevas instalaciones están prácticamente paralizadas, por restricciones financieras fundamentalmente.

El establecimiento del techo en 500 MW anuales ha obligado a una industria sobredimensionada y obsoleta (caso de Isofotón) para dar respuesta a los 2.600 MW de 2008 a ajustarse. Los más perjudicados han sido las empresas instaladoras.

Estas empresas representaban el grueso del empleo en 2008, con 26.000 trabajadores, de los que el 82% era trabajadores temporales. La inmensa mayoría de las empresas que participan en el segmento de promoción e instalación han prescindido de todos o casi todos sus trabajadores temporales.

En las empresas productoras, esta reducción no ha sido tan acusada pero también ha sido importante. Además del cierre de BP Solar en España, para deslocalizarse y trasladar la producción a China, las grandes productoras como Solaria, Pevafersa o Isofotón, tienen planteados distintos expedientes de regulación de empleo, definitivos o temporales, a la espera de sacar los stocks y abrir mercados internacionales, como Italia, Alemania, Francia, Estados Unidos y la república Checa.

La crisis, la innovación tecnológica y las nuevas fábricas de polisilicio han provocado que los módulos fotovoltaicos hayan reducido su precio a la mitad de lo que costaban en 2008 y los promotores saben que bajarán más, y por eso esperan, agravando la crisis y la pérdida de empleo.

No todas las áreas vinculadas a la energía solar fotovoltaica están sufriendo recortes de personal. De hecho, los empleos en operación y mantenimiento de las plantas fotovoltaicas están creciendo. En 2008, trabajaban 1.850 personas en estas tareas. En 2009, los empleos han crecido un 25% y ahora se dedican a mantenimiento 2.300 personas, según un estudio encargado por ASIF a la consultora Eclareon. Ahora hay 2.600 MW más que mantener para que no den fallos y produzcan la electricidad que deben, y se da el caso de empresas instaladoras que han reconvertido su labor hacia la operación y el mantenimiento para intentar conservar una carga mínima de trabajo. El volumen de instalaciones ha descendido mientras que el mantenimiento es un negocio más recurrente que se necesita todo el año.

Por otro lado, aunque la investigación y el desarrollo sólo suponen un 4% del empleo total en energía solar fotovoltaica, es una partida en la que también crece el empleo, sobre todo en los institutos públicos. La crisis ha afectado más al gasto privado en I+D, que supone un tercio del total.

Solar termoeléctrica. La avalancha de proyectos termosolares presentados ante el Ministerio de Industria tras la entrada en vigor del Real Decreto 6/2009, que establece el mecanismo del registro de preasignación de retribución (creado anteriormente para la industria fotovoltaica) para el conjunto de las energías especiales, ha superado todas las expectativas. La publicación del listado de centrales que optarían a la tarifa estaba prevista para julio. Sin embargo, la oleada de solicitudes ha sobrepasado al Gobierno, quien debía dar una respuesta a los promotores durante la primera quincena de septiembre, y ya veremos lo que sucede, dado el desastre de la gestión ministerial, puesta de manifiesto en el caso de la fotovoltaica.

Ante esta tardanza, agravada por las vacaciones de agosto, el sector se encuentra atado de pies y manos, y muchas plantas en construcción están paralizadas, ya que los bancos no están liberando los préstamos debido a la incertidumbre.

De los 4.300 megavatios (MW) presentados y que corresponden a un centenar de centrales (la inversión ascendería a 30.000 millones y se crearían unos 25.000 empleos), al menos 1.500 MW podrían ver la luz, ya que son los que actualmente están en proceso de ejecución. Sin embargo, el problema radica en el cumplimiento de cada uno de los puntos de dicho decreto y en su interpretación.

Uno de los requisitos conflictivos puede ser la disposición de la concesión por parte de Red Eléctrica (REE) o las compañías que gestionan la red de transporte. Las comunidades autónomas les han enviado un listado de proyectos con autorización, pero el acceso a los nudos aún no se ha formalizado. La duda está en la inconcreción de la expresión “conexión firme”.

Otra de las condiciones que puede resultar ambigua gira en torno a la financiación. Se establece que las empresas deben disponer del 50% de la inversión. Sin embargo, no se especifica si, a través de préstamo, éste tiene que estar firmado o sólo aprobado por el comité de riesgo del banco. O, si en cambio, se justifica con fondos propios, pueden servir todas las reservas de la empresa. Además, la justificación de compra del 50% de los componentes también puede ser complicada pues cuando las plantas se hacen a través de EPC (llave en mano), no es el promotor el que compra los equipos.

Protermosolar calcula que podrían salir adelante unos 2.000 MW, lo que supondría cuadruplicar el cupo inicial marcado en el Real Decreto 661/2007 hasta 2010. Los 500 MW previstos optarían a una prima de 27 céntimos y de la que ahora también se van a poder beneficiar las centrales que logren el visto bueno.

Tras el furor que ha despertado la termosolar, que ha coincidido con el apagón fotovoltaico, el escenario cambia, por lo que las primas bajarán considerablemente. Antes del efecto llamada que ha tenido el decreto, el sector empezó a negociar con Industria una nueva regulación específica. En su día, se habló de que la tarifa se situara en 25 céntimos por kWh, algo que ya se puede descartar, ya que la política consiste en ir corrigiéndolo a la baja a medida que se desarrolla la tecnología.

Por lo tanto, pasar de 500 MW iniciales a unos 2.000 en 2010 va a modificar mucho el escenario, tanto en primas como en cupos. Lo que sí es cierto es que, tanto Industria, como Protermosolar coinciden en la necesidad de establecer mecanismos de control para evitar el desorden que se produjo con la fotovoltaica.

Cuando se decidan los megavatios que pasarán en esta primera tanda, el Gobierno iniciará la elaboración de un nuevo real decreto específico. En este sentido, el sector respira con cierta tranquilidad pues parece que cuentan con la voluntad del Ejecutivo de no dejar escapar el liderazgo mundial que España puede ostentar en termosolar.

Las nueve condiciones fijadas por decreto:
1. Disponer de la concesión por parte de la compañía eléctrica distribuidora o de transporte de punto de acceso y conexión firme para la totalidad de la potencia de la instalación.
2. Tener la autorización administrativa de la instalación, otorgada por el órgano competente.
3. Poseer la licencia de obras expedida por la Administración local competente.
4. Haber depositado el aval necesario para solicitar el acceso a la red de transporte y distribución.
5. Contar con los recursos económicos propios o financiación suficiente para acometer al menos el 50% de la inversión de la instalación, incluida su línea de evacuación y conexión hasta la red.
6. Haber alcanzado un acuerdo de compra firmado entre el promotor de la instalación y el fabricante o suministrador de equipos correspondiente para la adquisición del 50% del valor de la totalidad fijado en el proyecto de instalación.
7. Disponer de un punto de suministro de gas natural asignado por parte de la empresa distribuidora o de transporte de gas.
8. Presentar un informe favorable de aprovechamiento de aguas.
9. Haber depositado un aval en la Caja General de Depósitos de la Administración General del Estado, por una cuantía de 20 euros el kilovatio. Para la tecnología solar termoeléctrica, la cuantía será de 100 euros el kilovatio.

Solar térmica de bajas temperaturas. A pesar del nuevo CTE, que obliga a instalar colectores solares en todas las nuevas viviendas, el sector no acaba de despegar, en parte por la crisis inmobiliaria, aunque el panorama ha mejorado. No ha habido pérdidas netas de empleo, pero tampoco crecimiento.

El Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobado en 2006, obliga a los edificios de nueva construcción y a los que se rehabiliten, a dotarse de colectores solares térmicos para calentar el agua sanitaria y, donde las haya, las piscinas climatizadas.

El CTE debería suponer una revolución entre los fabricantes de paneles solares y los instaladores, aunque la Asociación Solar de la Industria Térmica (ASIT) muestra su decepción por los resultados de 2007, 2008 y también 2009. Entre 2007 y 2010 España debería instalar más de cuatro millones de metros cuadrados de colectores solares para alcanzar los cinco millones que fija como objetivo el Plan de Energías Renovables para 2010.

Isofotón, como el resto de los grandes fabricantes (Gamesa solar, la israelí Chromagen, Disol, Saclima, Viessmann) ya están preparados para afrontar el reto de dotar de paneles a las 400.000 viviendas que se construirán anualmente en los próximos años. El CTE llegó con siete años de retraso desde que se anunció su renovación. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía calcula que por cada vivienda (cuatro personas, 100 m2) hacen falta uno o dos metros cuadrados de paneles. Una dotación que supone entre 600 y 2.000 euros de coste adicional que se amortiza en menos de diez años.

El mayor problema inicial para la implantación de los colectores en la construcción es su integración arquitectónica. Apenas existen arquitectos especializados en edificios bioclimáticos. El Ministerio de Vivienda y los colegios de arquitectos y aparejadores van a ofrecer cursos de formación intensivos.

El sector sólo facturó 100 millones en 2005 y en teoría se deberían crear 5.000 nuevos empleos en los dos próximos años. Según la encuesta de mercado ASIT, en 2008 se han instalado 466.000 metros cuadrados que, pese a ser un buen resultado con respecto a 2007, es la mitad de la previsión del Plan de Energías Renovables.

El 75% del mercado son instalaciones sujetas al CTE, el 20% instalaciones promovidas con los programas de ayudas de las CCAA y el resto captadores de plástico para el calentamiento de piscinas. Las previsiones de la Patronal de la construcción en 2009 son bastante preocupantes, dado que estiman que se iniciarán 150.000 viviendas en el año, lo cual contrasta con las 560.000 construidas en 2008. Por ello es muy difícil hacer una previsión optimista del año 2009 ya que el crecimiento depende de la nueva edificación y los programas de ayudas de las CCAA seguirán decayendo en sus resultados por cuarto año consecutivo.

La patronal del sector estima que, si no se corrige la tendencia con medidas a corto plazo, el mercado en 2009 se contraerá más de un 30% respecto a 2008, con la consecuente reducción de inversión privada, cierre de empresas y pérdidas de puestos de trabajo. Nos encontramos ante un sector que en 2008 facturó unos 375 millones de euros y que da empleo directo a más de 8.000 personas, sector que está desacelerando cuando se sigue diciendo que tiene mucho potencial. No se dan las condiciones para un mercado atractivo y estable que genere confianza, creciendo un 70% y luego perdiendo un 30%. Y lo que es peor, no se dan las condiciones para que las empresas luchen por su subsistencia dentro del sector cuando no hay evidencias de que por parte de la Administración se vaya a hacer algo para mejorar la situación, ya que por mucho que forme parte de su discurso el apoyo a las Energías Renovables, no se ven acciones concretas.

España debería estar instalando 1 millón de metros cuadrado y para ese mercado las empresas habían diseñado sus planes y sus estructuras. Al no cumplir el PER las empresas optimizan sus plantillas y como tampoco ven futuro muchas cerrarán. Actualmente el Ministerio de Industria está trabajando en la redacción de la Ley de Energías Renovables y Eficiencia Energética y el nuevo PER 2011-2020. Ambos documentos deberían contener un mensaje de apoyo firme al sector tan necesario en estos momentos para que las empresas hicieran un esfuerzo para aguantar la caída coyuntural del mercado y afianzar su futuro.

En esa línea desde ASIT se ha elaborado un documento con propuestas concretas que ha entregado al MITyC sobre cómo potenciar y revitalizar el mercado para lograr la estabilidad del sector, apoyándolas en cuatro pilares básicos:
•Exigencia del cumplimiento íntegro de la sección HE4 del CTE y del RITE, consolidando el “espíritu solar” con que se concibió la normativa
• Optimización y eficacia de los programas de ayudas, ya que actualmente tan sólo se habrá asignado el 20% de los 348 M€ previstos en el PER de ayudas directas a la EST
• Promoción y desarrollo de las aplicaciones de climatización
• Aprovechamiento de la EST en los procesos industriales y en general en los grandes consumos de agua caliente, cuya promoción y desarrollo se deberían realizar vía Marco Regulatorio del tipo Régimen Especial.
Pero parece que la nueva Ley no recoge estas reivindicaciones. Se sigue confiando en los actuales mecanismos de ayudas directas a la inversión y se abre la competencia en la edificación entre energías renovables y cogeneración no renovable.

El CTE exige que un porcentaje que oscila entre el 30 y el 70% de las necesidades de agua caliente en la edificación se cubran con EST, y permite una disminución cuando se den una excepciones concretas, pero actualmente desde el propio IDAE se defiende que se puede instalar cualquier energía renovable o residual, provocando una competencia desequilibrada, ya que paradójicamente la energía solar térmica no puede recibir ninguna ayuda en la nueva edificación y las demás tecnologías sí recibirían su prima según el Real Decreto que regula la actividad de producción eléctrica en Régimen Especial, sin la cual se cuestionaría su viabilidad.
El CTE tardó siete años en aparecer, y una de sus principales funciones era promocionar la energía solar térmica, y ahora el propio IDAE lo cuestiona. No existen unas directrices o apoyo claro, y de esta forma es difícil que se refuercen estructuras empresariales, se genere empleo o se invierta en I+D+I.

Desde ASIT se sigue velando por la exigencia del cumplimiento íntegro del CTE y del RITE. Para ello se deberían tomar medidas de control y realizar un seguimiento del cumplimiento y los resultados, desarrollando un Plan Estadístico del cumplimiento de la aplicación de EST en el CTE y despejando las incertidumbres sobre su cumplimiento efectivo por la ausencia total de información oficial acerca de cómo se está aplicando.

El ordenamiento jurídico es claro determinando las responsabilidades a lo largo del proceso de diseño, instalación y control de las instalaciones, pero es necesaria una mayor implicación de las Direcciones Generales de Industria de las CCAA y de los Ayuntamientos.

Hay que resolver la situación, y ahora es el momento óptimo, ya que la construcción tiene un ritmo menor, y hay que aprovechar para implantar medidas de certificación. En cuanto a los Programas de Ayudas, la transferencia de fondos a las CCAA ha supuesto que la medida no sea efectiva en cuanto a promoción del sector. En 2008 se habrán instalado tan solo unos 60.000 metros cuadrados. Existe una incertidumbre actual para planificar cómo serán las ayudas: ¿cuándo se abre el plazo en cada CCAA?, ¿Cuántas semanas se abre la convocatoria?, ¿qué cuantía de ayudas? No se puede crear empleo estable si no se ponen encima de la mesa medidas correctoras que promuevan la eficacia de la distribución de los fondos desde el MITyC. Si no se cambia la tendencia y se empieza a incentivar el mercado privado no obligatorio, este año 2009 se espera una caída del 30%, sujeto a la recesión del sector de la construcción.

Además se debe convertir en realidad la tendencia al apoyo a las renovables para frío y calor, siguiendo la Directiva Europea. Los sistemas basados en solar térmica se optimizan con demandas globales, aprovechando los excesos producidos en la época estival para la producción de frío y aportando parte de la demanda en invierno para la calefacción.

Y sobre los objetivos a medio y largo plazo, puestos en marcha a partir de 2011, la Ley de EERR y EE y el nuevo Plan de Energías Renovables 2011-2020 deberían establecer un marco jurídico que promueva que la iniciativa privada sea más importante que las ayudas públicas, una regulación que sostenga el sector, no sujeto a coyunturas económicas ni a ayudas.

El modelo de ayudas a la inversión inicial ha demostrado ser ineficaz. Es preciso fomentar la eficiencia de las instalaciones y garantizar su funcionamiento por muchos años. Para ello las ayudas deben ser contra la eficiencia o energía útil generada, provocando a su vez que el sector invierta en la eficiencia de sus productos para abaratar costes y ser más competitivas. Se debe aprovechar la energía solar en los grandes consumos, dado que actualmente la industria utiliza fluidos calentados con combustibles fósiles, y la EST puede aportar una parte muy importante.

En este marco, desde ASIT se ha planteado ante la Administración una iniciativa en el sentido de establecer este nuevo marco regulatorio que fomente los grandes consumos de energía térmica de origen solar mediante la implantación de ayudas a la producción, de forma que redunden en un precio atractivo de cara al consumidor final. Se trata de crear un marco estable, y a largo plazo, para grandes usuarios, productores y promotores de energía térmica, instaladores y fabricantes de EST, inversores, entidades bancarias y Administración.

Los mecanismos que han de promoverse desde las Administraciones para la venta de energía solar han de vincular las ayudas públicas al ahorro energético y a la reducción de emisiones contaminantes asignándole un valor a la energía solar suministrada; es decir, es mejor que los apoyos públicos se vinculen a la producción solar que al área de captación, y al menos para promover las aplicaciones solares en la industria y en el sector servicios, es factible y abriría un nuevo marco de posibilidades para que el promotor privado invirtiera.

Este marco se puede optimizar si las ayudas se ofrecen para ser competitivas en un plazo de tiempo, fijando objetivos. Las ayudas tienen que ser variables e ir reduciéndose hasta ser capaces de competir con los combustibles fósiles, lo cual es el objetivo final. Para ello la patronal plantea a la administración que pidan contrapartidas para llegar a un objetivo común, la competencia con las no renovables. Ahí es donde se debe llegar, vendiendo energía útil, con una ayuda a la generación energética como recibe el resto de las energías renovables que producen electricidad, para obtener una rentabilidad razonable hasta alcanzar la competitividad durante un plazo objetivo.